TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

1. DÓNDE ESTAMOS

Los y las socialistas creemos que es necesario avanzar hacia una democracia más abierta, transparente y participativa.

Para alcanzar estos objetivos, el gobierno abierto es una pieza fundamental. Es, ante todo, una nueva actitud política, en la que la ciudadanía se sitúa en el centro y en la que se asume con convicción de que una democracia sólida requiere una gestión del Estado transparente para garantizarla. Un gobierno abierto que hace a los propios Gobiernos, a las administraciones y a las sociedades más eficientes al utilizar todo el talento que existe en la sociedad, y pone a disposición las herramientas y los procedimientos que permiten sacar el mejor resultado.

Nuestra firme convicción en la necesidad de avanzar hacia el gobierno abierto no es nueva. Cuando hemos gobernado, hemos dado pasos para conseguirlo. El Ejecutivo socialista se adhirió a la “Alianza para el Gobierno Abierto” en septiembre de 2011, formando parte del segundo grupo de países que comenzaron a integrar la red, adquiriendo desde ese momento los compromisos establecidos.

La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno aprobada por el gobierno del PP, tal y como está concebida, no permite avanzar en los objetivos primordiales, pues se caracteriza más por sus formalidades externas que por procurar una verdadera respuesta institucional e independiente que permita crear las condiciones para ofrecer a la ciudadanía un verdadero canal participativo.

 

2. NUESTROS OBJETIVOS

El derecho a la participación a través del compromiso social y de la solidaridad debe estar garantizado para que toda la ciudadanía pueda ejercerlo. Para esto, es imprescindible que vaya asociado a una estrategia pública de información a la población de deberes y derechos, y de información sobre los espacios existentes para la participación ciudadana y la promoción y apoyo de las organizaciones del tercer sector. Lo que supone un compromiso público de las instituciones en la promoción de la participación y el voluntariado.

Asumimos el compromiso inmediato de impulsar la instauración de una política pública y de Estado para la transparencia de la gestión. Una política pública implica gobernar para todos y con todos, por ello la participación ciudadana tiene que poder ser: accesible, comunicativa, comprensible, global, sometida a control y en defensa de lo público.

La transparencia como modelo de gestión de un Estado no puede ser coyuntural, sino que debe permitir profundizar en el respeto institucional y la búsqueda del consenso. Por eso un programa de transparencia es inviable sin el apoyo de toda la ciudadanía y sin el apoyo de sectores directamente involucrados.

Para la implantación de un gobierno abierto es necesario que existan las condiciones para que la ciudadanía participe, facilitadas, por ejemplo, por el acceso a las herramientas tecnológicas. Asimismo, es necesario implicar a toda la Administración, es decir, es preciso promover y aplicar políticas de gobierno abierto en la infraestructura misma del Estado, aplicando un cambio profundo en la cultura administrativa que haga de la función pública y de los servicios públicos espacios abiertos al diálogo y a la colaboración.

La ciudadanía tiene el derecho a conocer a qué se destina cada céntimo público, llevando al extremo el concepto de “bolsillos de cristal” de los representantes públicos y “paredes de cristal” en las administraciones públicas.

 

3. PROPUESTAS

 

• Impulsar la Estrategia Estatal de Gobierno Abierto, que será transversal para todos los ministerios, con medidas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos, así como la participación y la colaboración en los ámbitos ejecutivo, legislativo y de la administración pública.
• Transformar los portales web del gobierno en espacios Gobierno Abierto, implementando adecuadamente los pilares de transparencia, participación y colaboración.
• Impulsar una cultura de la participación desde edades tempranas a través de la asignatura de educación para la ciudadanía, así como fomentar el voluntariado y la acción civil. Este voluntariado y acción civil nunca serán sustitutivos de las tareas y responsabilidades que el Estado debe asumir y garantizar, sino que serán un complemento a las mismas.
• Impulsar un Marco Estatal de apoyos y ayudas al Tercer Sector de Acción Social que establezca una normativa estatal de subvenciones adaptada a las características del tercer sector de acción social que garantice su independencia, sostenibilidad y viabilidad.
• Impulsar el compromiso público de las instituciones con la promoción del voluntariado y con las organizaciones del tercer sector como elemento de construcción de capital social y de crecimiento personal, mediante el desarrollo reglamentario de la Ley de Voluntariado. 45/2015 de 14 de octubre, facilitando los espacios de interlocución con las organizaciones representativas del voluntariado y del tercer sector. Impulsar la cooperación de las administraciones públicas competentes en la materia y las entidades de voluntariado para la mejora en la formación de las personas voluntarias, de acuerdo con los criterios de regularidad, calidad y adaptación a las condiciones personales de las personas voluntarias.
• Promocionar la investigación sobre voluntariado, e impulsar la creación del observatorio del voluntariado, dedicado a la investigación y medición sobre voluntariado con una visión amplia y que integre a las diferentes administraciones y las entidades de voluntariado.
• Incorporar el Gobierno Abierto en los temarios obligatorios para el acceso a la función pública y establecer programas de formación continua del funcionariado.
• Establecer programas de formación continua para quienes trabajan en la función pública en materia de transparencia.
• Modificar Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para cubrir las lagunas que se pusieron de manifiesto durante la discusión parlamentaria y solventar las deficiencias técnicas existentes.
• Adoptar el mecanismo señalado anteriormente para la elección de los órganos constitucionales y organismos reguladores para la designación de los miembros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
• Primar la publicidad activa, publicando toda la información disponible sin necesidad de que nadie solicite dicha información, siguiendo el principio de que toda información pública debe ser conocida por la ciudadanía, salvo que se vulneren derechos fundamentales.
• Establecer sanciones en caso de incumplimiento de la transparencia activa.
• Hacer del Portal de Transparencia un verdadero portal de Gobierno Abierto con los archivos en formatos abiertos y reutilizables. Un portal que en un formato más amigable y comprensible posibilite la generación de valor de la ciudadanía.
• Facilitar el acceso a los datos de manera automática y desasistida a través de mecanismos y tecnologías abiertas,  articulando sistemas de apoyo en particular para medianos y pequeños ayuntamientos para su implementación.
• Establecer y automatizar los procesos y flujos necesarios para que la información presentada sea actualizada y presentada en tiempo real.
• Definir, con la participación de las organizaciones que defienden la transparencia, una serie de indicadores, de carácter cuantitativo pero sobre todo que evalúen aspectos cualitativos,  que sirvan para medir el grado de transparencia de cada Administración. Se publicará anualmente el ranking de las administraciones más transparentes.
• Obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos a través del portal de transparencia para conocer: sus declaraciones de renta, bienes e intereses, la agenda, viajes que realiza con dinero público y su cometido, las iniciativas impulsadas, presentadas o participadas.
• Aprobar una Ley de participación ciudadana.
• Promover campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación y colaboración.
• Crear un portal de Participación Ciudadana dentro  de la plataforma de Gobierno Abierto,  donde la ciudadanía podrá presentar:

  • Propuestas que deberán ser respondidas en abierto en un plazo máximo predeterminado admitiendo las firmas electrónicas.
  • Preguntas al gobierno.
  • Propuestas del gobierno que deberán abrirse a la participación ciudadana a través del portal.
  • Consultas ciudadanas del gobierno sobre todas las cuestiones que considere oportuno de interés general

• Crear la Oficina Ciudadana en el Congreso de los Diputados – Diputado y Diputada 351-, para canalizar la participación y colaboración de la ciudadanía con las cámaras. Un espacio físico y digital donde la ciudadanía podrá:
• Potenciar la iniciativa legislativa popular reduciendo a 300.000 las firmas acreditadas  requeridas para su presentación. Se reconocerá el derecho a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas.

  • Solicitar información, gestionar peticiones y entrevistas con representantes políticos, publicando a tal efecto estadísticas periódicas.
  • Registrar preguntas parlamentarias que cuenten con un número de apoyos ciudadanos.
  • Participar en debates y consultas públicas que la cámara, los grupos políticos o los diputados y diputadas abran para la participación.

• Incorporar a las iniciativas legislativas la “huella legislativa” para facilitar el conocimiento y la comprensión de la procedencia, el trámite y las modificaciones de las leyes, así como la justificación y argumentación de la posición de los diputados y grupos políticos. También se deberá sumar “huella participativa” resultante de los procesos participativos que se hayan abierto.
• Garantizar que en el procedimiento legislativo ordinario se celebren las sesiones que fueren necesarias de la comisión legislativa competente para realizar las comparecencias y audiencias sobre los proyectos de ley que se acuerden.