UNA JUSTICIA QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS

1. DÓNDE ESTAMOS

El sistema judicial está en crisis como consecuencia de las deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias sufridas en los últimos años.

Este modelo desfasado y costoso ha generado una desigual distribución de los recursos materiales y personales y de la carga de trabajo que asumen los órganos judiciales. Unos sobresaturados de trabajo e infradotados conviven con otros que no alcanzan el mínimo de carga de trabajo fijado por el CGPJ, lo que genera justicias de distintas velocidades según el partido judicial.

La sobrecarga de trabajo se traduce en ralentización, en incumplimiento de los plazos procesales previstos en la ley y en la imposibilidad de ofrecer a la ciudadanía un servicio público de calidad en condiciones de igualdad.

El actual proceso penal, basado en la figura del juez instructor, nos aleja de los sistemas europeos de justicia (con las graves disfunciones que ello comporta) e impide el cumplimiento de las garantías constitucionales, sitúa la imparcialidad en un segundo nivel y resta agilidad y eficacia a las resoluciones judiciales, lo que aumenta la sensación de impunidad y la desconfianza de la ciudadanía.

Este panorama está lejos de la eficacia que la ciudadanía demanda, aumenta su desconfianza en un sistema judicial del que se siente cada día más alejado y menos protegido e incrementa su percepción de que existe una clara desigualdad en función de la carga de trabajo del partido judicial y la capacidad económica de los que intervienen en los procesos judiciales.

Hay que añadir a este panorama el debilitamiento y desnaturalización del órgano de gobierno del tercer poder del Estado, el CGPJ, tras la última reforma operada por el Gobierno del PP, que desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica del órgano que el constituyente diseñó. Todo ello motivó la presentación por el Grupo Parlamentario Socialista de un recurso de inconstitucionalidad, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional.

En un contexto de globalización y competencia internacional, la ineficacia del sistema judicial tiene consecuencias negativas, pues la falta de un sistema eficaz que garantice la aplicación y eficacia de las normas genera inseguridad jurídica y reduce el atractivo de un país como lugar de inversión.

 

Justicia y crisis económica

La crisis económica ha incrementado la demanda de justicia: primero, en las jurisdicciones social y mercantil y luego en la civil como consecuencia de la reforma laboral del PP, de las ejecuciones de créditos hipotecarios, del endeudamiento familiar y de las cláusulas abusivas en los productos bancarios. El gobierno del Partido Popular ha dificultado el acceso a la justicia precisamente cuando las personas más afectadas por la crisis necesitaban con carácter urgente la tutela de los tribunales.

En esta pasada legislatura se han desmantelado las medidas de apoyo a los tribunales  (1.500 jueza y jueces sustitutos fueron mandados a casa) sin alternativas organizativas ni funcionales, al tiempo que se ha reducido drásticamente la oferta pública de jueces y fiscales y se han recortado los presupuestos en materia de justicia. Los y las socialistas nos comprometemos a aumentar los recursos humanos y técnicos de la Administración de Justicia.

Los cambios legislativos de la última legislatura han intentado reducir la demanda de justicia, no satisfacerla, limitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al sistema judicial mediante nuevas tasas procesales, con nuevos requisitos y reducción de la justicia gratuita, y mediante la propuesta de privatización del Registro Civil. El PSOE se compromete a eliminar toda esa serie de trabas y limitación de derechos de acceso a la justicia.

El recurso a la justicia gratuita, único horizonte de protección de las familias más vulnerables, atraviesa, por contraste, una etapa caracterizada por la precariedad, los recortes presupuestarios, y la falta de apoyo institucional en un servicio público esencial para garantizar la tutela judicial efectiva. Es el momento de que el próximo gobierno socialista acometa cambios de calado que mejoren el derecho a la justicia gratuita tanto para demandantes como para profesionales.

 

Derechos y libertades

La crisis ha sido la excusa para sustituir el espacio democrático de la protesta, de la huelga y de la manifestación por un sistema autoritario plasmado en una Ley de Seguridad Ciudadana que en muchos aspectos supone un retroceso de las libertades públicas. Ahora, es posible sancionar antiguas faltas con sanciones más severas que las previstas en el Código Penal y sin sumisión al previo control judicial.

A lo anterior conviene sumar la reforma del Código Penal más autoritaria que se ha producido en la España democrática, aprobada en solitario por el PP con olvido de que el consenso en materia penal forma parte inescindible de su legitimación intrínseca.

La introducción de la cadena perpetua, aunque se llame revisable, como vértice del sistema de penas, abandona dramáticamente la finalidad de reinserción social que la Constitución exige para todas las penas.

La reforma del Código Penal ni era necesaria ni está precedida de estudios que la avalen en términos de eficacia. En España la criminalidad baja de modo sostenido desde 2003, y paradójicamente contamos con las tasas de población reclusa más alta de Europa. El aumento de la presión penal va a incrementar ese desequilibrio, sobre todo en perjuicio de los sectores sociales más desfavorecidos, con el coste que ello supone no solo en términos de libertades y derechos de la ciudadanía, sino también económicos.

 

2 .- NUESTROS OBJETIVOS

Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía

Un programa de justicia incide directamente en la médula del Estado de Derecho, por lo que debe ser un programa universal que abarque a todos, que comprometa a todos, que considere a todos.

Un programa de justicia ha de construir los cimientos para que los derechos y libertades de la ciudadanía sean iguales y homologables para todos y todas.

Planteamos una revisión urgente y consensuada del Código Penal para garantizar los principios propios de un Derecho Penal democrático que, en lugar de dirigirse contra la ciudadanía que ejerce sus derechos democráticos, lo haga contra aquellos que no les dejen expresarlos o que dificulten su ejecución.

Uno de nuestros objetivos prioritarios será  garantizar la máxima protección a las víctimas de la violencia de género: hay que revisar las dotaciones y reforzar los recursos humanos especializados para la evaluación de los riesgos y la protección más efectiva, sin que sufra el añadido de tener que abandonar hogar, familia y amigos,  y establecer protocolos de actuación que aseguren la coordinación de las instituciones y departamentos ministeriales o autonómicos para garantizar una protección integral de las víctimas de violencia de género. Se garantizará que todos los territorios tengan juzgado de Violencia de género y protocolos de actuación.

Protegeremos el derecho a una vivienda digna  de  las numerosas familias devastadas por los efectos de la crisis económica que han sido desahuciadas o están en alto riesgo de serlo, por la actitud de las entidades financieras, que en muchos casos han actuado con malas prácticas, y que además se han visto obligadas a acudir a prestamistas privados para obtener los empréstitos que las entidades bancarias no les concedían.

Al respecto impulsaremos la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria a los efectos de adoptar la legislación española a las exigencias de las resoluciones de los Tribunales Europeos y finalizar con las situaciones de indefensión de la ciudadanía frente a las entidades financieras en los procedimientos de lanzamiento y en las ejecuciones hipotecarias, así como en los casos de anulación de licencias urbanísticas de adquirentes de buena fe.

 

Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía y de los consumidores

Deben codificarse de modo efectivo muchos derechos políticos y sociales que en la Constitución de 1978 se esbozaban como principios inspiradores.

Así, es necesario consolidar los derechos de los consumidores en España por medio de una legislación integral que respete el marco de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas, que se adapte  a los requerimientos de la Unión Europea y que cuente  con instrumentos efectivos para la resolución de conflictos,  tanto en vía judicial como mediante mecanismos extrajudiciales. Extenderemos, además,  la tutela propia de los consumidores a las pequeñas empresas.

Potenciaremos una mayor cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Consumo.

Hay que establecer un nuevo marco de derechos civiles no solo en su proyección constitucional, sino también en la regulación civil de las relaciones familiares, que acoja las nuevas formas de familia y que permita nuevas fórmulas en materia hereditaria. Asimismo, hay que revertir el intento de privatización del Gobierno del PP en materia de registros.

 

Una Justicia al servicio de la ciudadanía

Debemos suprimir las trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Es prioritario que la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras autónomos y las pymes puedan defenderse en igualdad de condiciones en todas las contiendas judiciales, sobre todo en aquellas que mantengan con las grandes corporaciones, que cuentan con las mejores maquinarias de asesoramiento legal a su disposición.

Es necesario facilitar de forma efectiva la adecuada información y asesoramiento previo a la ciudadanía en su relación con la justicia que permita su acceso al itinerario real del proceso en todas sus fases, incluida la ejecución.

Suprimiremos trámites innecesarios o duplicados que alargan innecesariamente los procedimientos judiciales.

Regularemos la justicia gratuita para que proteja a todas aquellas familias, así como a ciudadanos y ciudadanas individualmente, a los que  la crisis económica ha abocado a una situación de extrema vulnerabilidad.

También ofreceremos a la ciudadanía nuevas formas intra y extrajudiciales que permitan resolver con inmediatez y de forma no gravosa  los pequeños conflictos que inciden en la vida cotidiana.

 

Un nuevo modelo de Justicia

Un Gobierno socialista impulsará una administración de Justicia de calidad, organizada desde el prisma de la eficiencia y eficacia, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que garantice la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la ciudadanía, proteja sus derechos y resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo seguridad jurídica.

Abordará, a su vez, la reorganización de la planta judicial de forma racional para que el nuevo mapa judicial se acomode a las nuevas realidades sociales, territoriales y demográficas y permita una equilibrada distribución de la carga de trabajo y una inversión racional de medios materiales y personales. También afrontará la ya ineludible reforma en profundidad del proceso penal.

Buscaremos un acuerdo amplio para revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal de modo que se potencie la profesionalidad, la formación técnica y la especialización de sus integrantes, garantizando que se realice a través de procesos públicos, abiertos, y transparentes, y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se establecerán ayudas públicas para su preparación, logrando una integración social en la Administración de Justicia.

Implementaremos una financiación suficiente de la justicia que garantice que el proceso de cambio sea efectivo y se realice de forma cohesionada en todo el territorio nacional.

 

3. PROPUESTAS

Recuperación de los derechos y libertades de la ciudadanía

• Eliminar la "ley mordaza" y revisión urgente de las sanciones que esta ley ha agravado y el mecanismo de desjudicialización que ha introducido.
• Revisar el Código Penal, para volver a los principios del Código Penal de la democracia, armonizando el sistema de penas y reinstaurar el sistema penal de última ratio con dotaciones económicas suficientes e introducción de un sistema de penas y medidas alternativas a la prisión que contribuyan a un mejor control de la criminalidad.
• Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable.
• Suprimir aquellas penas privativas de libertad que por su escasa entidad no cumplen ni el papel intimidatorio para el infractor ni la finalidad reeducativa, sustituyéndolas en su caso por otras alternativas a la prisión, como la libertad vigilada o los  trabajos sociales reeducadores que se consideran más ajustadas a la gravedad del delito cometido y a las necesidades de tratamiento del delincuente.
• Revisar los tipos e incrementar  las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente y el urbanismo.
• Derogar el artículo 315.3 CP, sobre el ejercicio del derecho de huelga.
• Ampliar la dotación de personal en psiquiatría, psicología, trabajo social, educadores y especialmente el número de unidades penitenciarias especializadas para la atención a los problemas psiquiátricos, o de otra índole, de los internos e internas.
• Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de protocolos para la incorporación de las resoluciones de las cortes internacionales.
• Implementar instrumentos para la revisión y reparación de errores judiciales.

 

 

 

 

 

Un nuevo marco en la defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios

• Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los y las consumidores de modo integral identificando sus derechos y los mecanismos para su protección efectiva.
• Revisar, en el marco de la tutela al consumidor, el régimen jurídico de obligaciones y contratos.
•  Aprobar un régimen real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de quienes adeuden.
•  Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias.
• Eliminar las cláusulas suelo.
•  Fortalecer la formación de judicatura y magistratura en derecho de consumo.
•  Crear centros de protección integral de los y las consumidores.
•  Facilitar a las personas consumidoras el asesoramiento, consejo y sugerencia para solucionar el conflicto: mediación, conciliación, arbitraje de consumo o un juicio rápido siempre que la cuantía no supere los 6000 euros.

 

Una Justicia al servicio de la ciudadanía

• Aprobar una ley que desarrolle la Carta de Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas, reactive el Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Gobierno socialista en 2005 y garantice e incentive la participación activa de la ciudadanía en la administración de Justicia.
• Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas, que quedarán solo para sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual.
• Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización, dotándola de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía, en función de su nivel de renta y capacidad económica, pueda hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
• Revisar los procedimientos judiciales con supresión de aquellos trámites innecesarios y adecuando los plazos para que sean debidamente cumplidos, asegurando la previsibilidad y seguridad jurídica.
• Desarrollar una ley de justicia cívica, de carácter preventivo, e implementar los  mecanismos de mediación o conciliación en todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el penal.
• Fijar por ley una financiación suficiente de la administración de Justicia proveniente de los Presupuestos Generales del Estado.

 

Un nuevo modelo de Justicia

• Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales, favoreciendo el acercamiento y la accesibilidad del ciudadano a la Administración de Justicia.
• Crear un modelo de Justicia de proximidad, de base o de primer grado para resolver los litigios de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil.
• Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales. El conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituirán un único Tribunal bajo la dirección de una Presidencia y con una única oficina judicial común que prestará servicio a todos ellos.
• Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías encargado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales durante todo el proceso así como del estatuto de protección integral de la víctima e instaure la segunda instancia penal.
• Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución, delimitando las facultades del fiscal general del Estado y potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala.
• Desarrollar el despliegue territorial de la oficina judicial con servicios comunes de atención a la ciudadanía, registro y reparto de asuntos, tramitación, actos de comunicación y ejecución, auxilio judicial y ejecución de resoluciones.
• Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal y definitiva creación de las unidades administrativas.
• Completar el proceso de implantación de las TIC en 2020, de modo que como regla general todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y la ciudadanía serán por vía electrónica.
• Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad.
• Incorporar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado una dotación económica suficiente que permita acabar con la justicia de dos velocidades y favorecer la implantación y desarrollo del nuevo modelo de forma cohesionada y en idénticas condiciones en todo el territorio español.
• Crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos. Habida cuenta del aumento del número de menores que desaparecen, son secuestrados o son objeto de abusos sexuales o de cualquier tipo de explotación, incluyendo la sustracción por uno de sus progenitores, se creará un único centro donde se llevarán y tramitarán todos los supuestos mencionados, evitando a los padres la sobre victimización de no tener una única Administración a la que poder acudir, y que se encargará de atender a los padres coordinando las labores de búsqueda entre las diferentes administraciones y órganos, hasta que se produzca la resolución del caso.