Acuerdo Social, Político e Institucional contra la Violencia de Género

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental.

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010.

Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas.

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.

La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y recursos.

En la Declaración del Consejo Político Federal del 13 de julio, la Declaración de Sevilla, el PSOE se comprometió a que todos sus gobiernos autonómicos priorizarán la lucha contra la violencia de género con los presupuestos adecuados, políticas de prevención y recursos suficientes para la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas.

Así mismo, en el Foro de alcaldes y alcaldesas de Madrid del 23 de junio, los ayuntamientos socialistas ratificaron el cumplimiento de seis compromisos adquiridos con la ciudadanía y por ello declararon que es un reto de obligado cumplimiento erradicar la violencia de género de nuestros municipios. En esas seis prioridades subrayaron la contundencia de los ayuntamientos socialistas en las medidas contra la violencia de género y en el desarrollo de una red de atención, asistencia y protección social que garantice a las mujeres en situación de violencia su seguridad y derecho a rehacer sus vidas.

De igual manera, el 25 de noviembre de 2014, el PSOE ratificó su compromiso contra la violencia declarando a toda la organización y todas y cada una de sus agrupaciones como “Espacio seguro y libre de violencia de género”.

Por todas estas razones, el PSOE propone este Acuerdo Social, Político e Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres:

• Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En los presupuestos Generales del Estado 2016 aumentar la partida destinada a la Delegación del Gobierno para la violencia de género.
• Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA.
• Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
• Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.
• Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
• Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
• Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.
• Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género. 
• Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.
• Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General no 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.