Aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria que refuerce su independencia y profesionalidad, evitando las injerencias políticas.

Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.

Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. La Ley debe prohibir de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.

Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los  defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal. 

Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y, en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso. 

Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; (iii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para supervisar e inspeccionar a las SICAV.

Endurecer el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de las figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante.

Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G20, la agenda del BEPS (Base Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal mundial.

Abogar por la creación de un nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva.

Reformar de manera integral la tributación de la riqueza

Para acabar con la actual descoordinación entre el IRPF, IS, Impuesto de Patrimonio e Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma justa al sostenimiento de los gastos públicos.

Entretanto, establecer, mediante legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio

Para evitar en la práctica su vaciamiento.

Entretanto, establecer, mediante legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio

Para evitar en la práctica su vaciamiento.

Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades

Con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, revisaremos las  múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entretanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.

Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF),

Tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España.

Poner en marcha una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos

Dicha fiscalidad contemplaría los siguiente nuevos tributos: (i) Impuesto sobre las emisiones de CO2; se aplicará sobre la tonelada de CO2 que se emiten, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; (ii) Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); (iii) Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; (iv) Impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; (v) Impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas;

Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos medioambientales: (i) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; (ii)  Impuesto Especial sobre la Electricidad y; (iii) Canon de vertidos.

Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en concertación con las CC.AA. varias de las cuales ya cuentan con figuras tributarias similares.

 

Introduciremos técnicas para la gestión por objetivos y resultados en la gestión del PGE

De modo que pueda conocerse en cada momento si hay que proseguir, modificar o suprimir una actuación pública.

Reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos (AEVAL), y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) a la que dotaremos de más recursos e independencia real.

Llevaremos a cabo una Auditoría del Gasto Público

Siguiendo metodologías internacionales para reducir inercias de gasto, eliminar gasto superfluo, establecer prioridades y aumentar la eficacia.

Reformaremos la Ley de contratos del sector público

De forma que el precio no será el único criterio de valoración en licitaciones públicas y se atienda también a otros indicadores como la calidad.