Reducir la brecha digital y disponer de redes de muy alta velocidad de alta calidad son prioridades para la Transformación Digital del país. Nos fijamos como metas conseguir que antes de 2020 todos los hogares españoles puedan disponer de conectividad con banda ancha de, al menos, 30 Mbps, y que, al menos, la mitad de los hogares españoles tengan conexiones de más de 100 Mbps, así como garantizar la calidad de las conexiones móviles y el acceso a estos servicios a las personas más desfavorecidas.

Promover un Plan Especial para la recuperación, incorporación y consolidación del talento científico

Que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades y los organismos públicos de investigación, recuperar a 10.000 jóvenes investigadores en cuatro años.

Duplicar la inversión pública en I+D+i civil en la legislatura

Ajustando la inversión dedicada a operaciones financieras a las necesidades y capacidad real de absorción por empresas e instituciones. Al final de la legislatura los recursos destinados a operaciones no financieras alcanzarán como mínimo el 50% de la inversión pública total.

Reformar el sistema de deducciones fiscales por I+D+i

El CDTI expedirá sin coste alguno las certificaciones tecnológicas necesarias para las deducciones fiscales por I+D de las empresas, con el fin de mejorar la eficacia del sistema de incentivos fiscales a la I+D+i. Mejoraremos aspectos tales como los tiempos para lograr la acreditación, estableceremos el silencio positivo para la auditoría de gastos, la igualación de las bonificaciones de productos y las de procesos o la estabilidad de los incentivos para el futuro. Además, asegurar que los incentivos fiscales puedan ser extendidos a los inversores privados que invierten en jóvenes empresas innovadoras, dado que estas empresas frecuentemente no pueden aprovechar los incentivos al no tener beneficios en los primeros años de vida. 

Convertir el CDTI en la Agencia Estatal de Innovación,

Otorgándole más autonomía y mayores recursos para que pueda realizar con plena eficacia las funciones previstas por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, evitando la dispersión de programas y convocatorias de ayudas entre departamentos.

Establecer un nuevo programa de estímulo de la cooperación público-privada en investigación industrial

Basado en la experiencia del programa CENIT, financiará con subvenciones de hasta el 50% proyectos orientados a una investigación de largo plazo en áreas tecnológicas de futuro y con potencial proyección internacional. El programa se convocará anualmente, con una dotación de 200 M€ en cada convocatoria.

Impulsar la Compra Pública Innovadora (CPI)

Dedicaremos el 3% de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora e incluiremos en la CPI criterios de sostenibilidad ambiental. La CPI estimula la “demanda temprana”, permite a las empresas validar nuevas tecnologías y tiene un efecto demostrador ante clientes –públicos y privados- de terceros países, que piden referencias sobre empresas españolas que optan a licitaciones en el extranjero. Permite además mejorar los servicios públicos a los ciudadanos, incorporando tecnologías y procedimientos novedosos.

Crear una red de Centros Tecnológicos de Excelencia en Innovación Industrial (CEII)

Inspirados en los Advanced Manufacturing Institutes de EEUU y el Fraunhofer-Institut de Alemania. La red de CEII estará formada por una serie de Institutos para la Innovación Industrial en torno a las “tecnologías facilitadoras” (tales como materiales avanzados, incluidos composites y materiales de base biológica, nanotecnología, manufactura digital, metales ligeros, sensores avanzados) en los que colaborarán empresas, universidades, centros de investigación y administraciones públicas. Dichos CEII se desarrollarán en centros tecnológicos y de innovación existentes y con una base empresarial suficiente para asegurar su utilización a pleno rendimiento.

Revisaremos toda la regulación diferencial fiscal, laboral, mercantil y administrativa que desincentiva el crecimiento en tamaño de las empresas. En concreto:

Elevar el umbral de facturación en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en la liquidación del IVA, así como la integración a la Unidad de Grandes Contribuyentes, de 6 a 20 millones de euros.

Establecer un nuevo tipo de ¨auditoría abreviada¨ para empresas que cumplan al menos dos de los siguientes requisitos: cifra negocios entre 5,7 y 8 millones de euros; activos entre 2,85 y 4 millones de euros y; número de trabajadores igual o menor a 50. De esta forma la auditoría abreviada se equipararía con los umbrales de presentación de cuentas abreviadas.

Creación de España Global

Perseguimos centralizar los organismos vinculados con la internacionalización bajo un único esfuerzo en torno a una iniciativa “España Global” provista de una identidad jurídica que le permita operar con flexibilidad y autosuficiencia financiera (con capitalización estatal e ingresos privados). Todas las actuaciones de España Global se programarán para que sirvan a la internacionalización de pequeñas y medianas empresas.

Lanzar un Fondo Estratégico de Innovación y Reindustrialización (FEIR)

Como gran fondo estatal público-privado llamado a impulsar las inversiones de capital-riesgo en innovación y sectores prioritarios, movilizando capitales privados, integrando bajo el mismo paraguas los fondos de inversión públicos existentes y dispersos, actuando como paraguas o “fondo de fondos”, con una orientación preferente hacia las nuevas empresas innovadoras y de sectores de alta tecnología.

Refuerzo del ICO

Con más capital para que pueda ofrecer mayores líneas de financiación y ofrecimiento de apoyo estratégico. Impulsaremos que el ICO comparta mayores riesgos con la banca privada. Abriremos nuevas líneas de financiación para (i) nuevas empresas, con un año de carencia y (ii) para proyectos de rehabilitación sostenible y eficiencia energética; Potenciaremos los servicios del ICO que van más allá de la financiación como la provisión de garantías y avales para préstamos a PYMES, garantías recíprocas o servicios de intermediación para la obtención de créditos.

Acercar la cotización a la Seguridad Social y el sistema de pago de impuestos de los autónomos

De forma que coticen por los rendimientos netos que reciben. Además, modificaremos el periodo de pago de las cotizaciones para adaptarlas mejor a las actividades estacionales o temporales.

Modificaremos el sistema de retenciones de impuestos de los autónomos

Para que se adapten a los ingresos realmente percibidos en cada periodo, lo que facilitará el inicio de la actividad y responder mejor a las situaciones de crisis del negocio.

Crearemos la Excedencia para Emprender

Con reserva de puesto de trabajo a aquellas personas, que inicien un proyecto empresarial.

Aprobar una Estrategia Integral de Impulso a los Emprendedores Tecnológicos

Que les dote de un marco legal adecuado incluyendo medidas a medio plazo fiscales, regulatorias, financieras y de apoyo específicas para este tipo de empresas. El objetivo de esta estrategia es que en España se creen en cada año de la legislatura 1.000 Start-ups tecnológicas con un fuerte componente de innovación, ligadas a la economía digital e internet.

Crear un Visado Start-Up

A coste simbólico y mínimos trámites dirigido a emprendedores extranjeros en proyectos de nuevas tecnologías, especialmente alumnos extranjeros de nuestros centros universitarios y escuelas de negocios que impulsen proyectos empresariales tras completar sus estudios.

Nuestra hoja de ruta debe plantearse la reducción de, al menos, un 2% anual de la intensidad energética y alcanzar 1,7 toneladas de CO2e per cápita y año en 2050

Aprobaremos una Ley de Cambio Climático

Que establezca objetivos y su actualización, impulse la seguridad y la prosperidad, el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible y aplique estrategias de adaptación que favorezcan soluciones basadas en ecosistemas e infraestructuras verdes.

Presentaremos un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana

que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a las 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector. En el ámbito de los edificios públicos, nos fijamos como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de los edificios de la administración central –edificios de servicios administrativos, y gradualmente trasladarlo a otras administraciones.