La corrupción política se ha erigido, tristemente, en protagonista de nuestra vida política. En un contexto de crisis económica, ejemplos poco edificantes de abusos de poder, de malversación de fondos públicos, de enriquecimiento ilícito de gobernantes y de financiación irregular de partidos políticos, unidos a una respuesta insatisfactoria de los poderes públicos frente a este fenómeno, han convertido la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política en una prioridad.

La corrupción es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y tiene cada vez mayor atención mediática. De todos los países de la Unión Europea, España es el que en los últimos 3 años ha sufrido los mayores cambios en la percepción de la corrupción. Según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de la población española cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país. Y, de forma sistemática, el Centro de Investigaciones Sociológicas sitúa la corrupción y el fraude y, con menor intensidad, los políticos, los partidos y la política en general, entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.

La corrupción no es sólo un hecho que ha de perseguirse y condenarse en sí mismo. Es un factor decisivo en el alejamiento de la ciudadanía de la vida política y en la deslegitimación de las instituciones. La sensación de impunidad frente a este tipo de comportamientos afecta a la confianza que la ciudadanía tiene en relación con sus representantes y la clase política en general y, en última instancia, afecta a la propia legitimidad del sistema democrático.

Frente a esta situación, los poderes públicos y la mayoría de los partidos políticos no están reaccionando con la celeridad y contundencia necesarias, ni para enjuiciar y condenar a los culpables, ni para establecer medidas de carácter preventivo, de control y sanción, que permitan evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

Es por ello que existe en la ciudadanía una falta clara de confianza en la posibilidad de que sean las propias instituciones y los partidos políticos los que detecten y supriman la corrupción. A este hecho contribuye, sin duda, una legislatura en que la opinión pública ha asistido a numerosos casos de corrupción política a todos los niveles territoriales y a un gobierno que parece ignorar cómo actuar contra el fenómeno de forma efectiva.

Tenemos que dejar de ser, a ojos de la ciudadanía, parte del problema para contribuir a la solución. Por eso, aun reconociendo que la ingente tarea de luchar contra la corrupción ha de ser un empeño colectivo –de la sociedad y de las instituciones-, es también responsabilidad nuestra, de las fuerzas políticas, impulsarla. Sin perjuicio de otras propuestas que abordaremos en materia de regeneración democrática, para devolverles la confianza a los ciudadanos en sus políticos y, sobre todo, en sus instituciones, los socialistas proponemos, actuar en una doble dirección.

En primer lugar, en el seno de las propias organizaciones políticas, desde el convencimiento de que solo desde la ejemplaridad se puede recuperar la credibilidad. Pretendemos garantizar la integridad personal, el servicio exclusivo a los intereses generales y el compromiso con los principios de austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación a lo público de las personas que concurren en las candidaturas a cualquier proceso electoral u ostentan cualquier cargo representativo. En el seno del Partido Socialista, contamos para ello con un estricto Código Ético y con un sistema de transparencia de la información económica y político-organizativa así como de los bienes y actividades de nuestros candidatos y cargos públicos, que ha merecido reconocimiento. Todo ello como ejemplo de una apuesta política por la ética, la limpieza y la transparencia que pretendemos también mantener desde el gobierno.

En segundo lugar, en el ámbito de las instituciones públicas, con un proyecto claro y ambicioso de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática, que incluye medidas de prevención, represión y control, tanto en el ámbito público como en el privado, y que debe contribuir a transformar y fortalecer nuestra democracia, también desde un punto de vista ético.