Medidas penales y procesales
- Revisar y reformar los actuales delitos contra la Administración Pública:
- En los delitos existentes revisar las conductas que dan lugar a que se puedan adoptar resoluciones contrarias a derecho, manipular las convocatorias, concursos o pliegos de contratación, fraccionamiento artificial y/o fraudulento de contratos.
- Revisar los delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas.
- Establecer penas agravadas para los delitos cometidos por funcionarios públicos o autoridad.
- Reforzar las penas privativas de libertad en los delitos contra la Administración pública con penas de inhabilitación absoluta y especial, así como la suspensión para empleo o cargo público.
- Tipificación del delito de enriquecimiento ilícito que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.
- Tipificar entre las modalidades del delito de encubrimiento la figura del testaferro en las conductas de creación y/o mantenimiento de estructuras societarias u organizaciones de cualquier clase que no tengan otro fin que actuar en el mercado encubriendo actividades económicas ajenas de fraude y corrupción.
- Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que el condenado por un caso de corrupción se responda con bienes patrimoniales presentes y futuros.
- Revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para la investigación y el enjuiciamiento de delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política.
- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a un proceso penal moderno, ágil y con las garantías propias de un Estado de Derecho capaz de responder de forma rápida en el enjuiciamiento y castigo de los responsables de delitos relacionados con la corrupción. Establecer un plan especial para dotar de medios humanos y materiales adecuados para la lucha contra la corrupción a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal, especialmente a la Fiscalía Anticorrupción y las fiscalías provinciales, donde se concentra más del 80% de los casos de corrupción.
- Limitar y condicionar las sentencias de conformidad (acuerdos entre fiscal y acusado) a la existencia de una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil derivada del delito.
- Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.
- Regular la figura del whistleblower (denunciantes de casos de corrupción) para garantizar la protección efectiva del denunciante en los delitos vinculados a casos de corrupción.