Una Sociedad y un Estado más democráticos

Mejorar la calidad democrática y de las instituciones

España es una democracia moderna y consolidada, que atraviesa en la actualidad un profundo deterioro por los serios efectos de una prolongada crisis económica, la llamada Gran Recesión, que han sido agravados por la forma equivocada de gestionarla, desde la UE y el Gobierno de España, mediante planteamientos en exceso neoliberales, y por el acusado repliegue de las políticas democráticas frente a la economía.

La ciudadanía también está escandalizada y desafecta con la política por los impactantes casos de corrupción que han venido aflorando en estos años y, entre otros aspectos, por las insuficiencias en la representación y en los elementos participativos de nuestro sistema democrático.

Con el fin de recuperar y fortalecer el pacto ciudadano que sostiene a nuestras sociedades y que se contempla en esencia en la Constitución, proponemos:

  • Establecer la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones. Fortalecer la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su financiación. Incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales.
  • Introducir la obligación de que, tras el acto de convalidación de un decreto-ley, éste sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia si así lo solicitara una minoría cualificada.
  • Limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo. Suprimir la inmunidad parlamentaria.
  • Incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso de los Diputados. Desbloquear las listas.
  • Remitir la fijación de los elementos del sistema electoral a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, aprobada por mayoría cualificada.
  • Rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular y dar posibilidad a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas.
  • Fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de las vacantes a cubrir, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable cuyos informes se harán públicos, la celebración de sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado y la elección final por parte del Parlamento.
  • Atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. La mitad serán designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado. Los magistrados designados por el Senado lo serán de entre los propuestos por las Comunidades Autónomas.
  • Reformar el alcance y el procedimiento para la reforma constitucional con el objetivo de deshacer la gran rigidez de la regulación actual.