Un Estado de Derecho revitalizado

Fortalecer y ampliar los derechos y libertades

Aunque el Estado de Derecho y su elemento central, los derechos fundamentales, gozan de un indiscutible vigor, también es necesario actualizar el catálogo de derechos, reordenarlo en algunas materias, incorporar concepciones sociales que se han ido abriendo paso, atender a realidades que no se pudieron tener en cuenta por el constituyente en 1978 y, en otros casos, mejorarlos atendiendo a nuestra condición de Estado miembro del Consejo de Europa y de la UE.

Así, proponemos:

  • Atribuir a “las personas” y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Incluir nuevas causas de prohibición de la discriminación.
  • Incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres que se extienda, entre otros ámbitos, al empleo y las condiciones de trabajo, al derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política.
  • Eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona.
  • Abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
  • Actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.
  • Reconocer los derechos vinculados con la bioética.
  • Facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros. Fortalecer el derecho de asilo, garantizando su protección efectiva.
  • Configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal, incluyendo el llamado “derecho al olvido”. Reconocer el derecho ciudadano al acceso a la información pública.
  • Actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
  • Mejorar la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad, suprimiendo la referencia a “disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales”.