Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural

Nuestras propuestas:

• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su nombre. Incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.
• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara territorial. Redefinir sus funciones para vincularlas a las que derivan de la dimensión territorial (legislación básica del Estado, leyes con incidencia territorial, leyes de financiación, asuntos de la UE que afecten a las comunidades). Revisar su estructura y composición optando entre un modelo intergubernamental o un modelo representativo de las Comunidades.
• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones. Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados de la UE.
• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial, incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos competenciales de carácter horizontal del Estado.
• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil.
• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que se resida.
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos; el alcance del concepto de esfuerzo fiscal similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales; la atención a la precisión del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el principio de igualdad; y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.
• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidiariedad y suficiencia financiera, el impulso a la cooperación intermunicipal y la protección de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios esenciales en los municipios rurales.
• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales. Garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y posibilitar la desconcentración en las Salas de Gobierno de los TSJ de determinadas decisiones administrativas.

Por qué:

El Estado Autonómico fundado ineludiblemente en la unidad del sujeto constituyente, el pueblo español, en el que reside la soberanía, se ha consolidado y ha sido positivo para la ciudadanía porque ha transformado la realidad de España y también la forma de gobernar.

Sin embargo, creemos que, después de más de tres decenios y medio de evolución, y a la vista de sus problemas estructurales y de funcionamiento y de las tensiones que en su seno se han generado, es necesaria una urgente y amplia reforma constitucional del modelo de Estado.

Dados los rasgos del Estado autonómico, su evolución debe adoptar las normas de organización y funcionamiento de Estados con estructura federal.

El federalismo, en efecto, es un sistema que defiende la unidad del Estado, respetando la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades que combina los intereses generales del Estado y, simultáneamente, las aspiraciones e intereses específicos, en nuestro caso, de las comunidades autónomas.

El federalismo, por ello, es un sistema que permite reconocer, respetar e integrar la diversidad y las singularidades de los territorios de España, la cohesión social y la igualdad, y ofrecer las respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras comunidades en un Estado integrador y eficiente.

El federalismo asume la importancia de los sentimientos y de las identidades, que son diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes. Es, pues, el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas y la incorporación armónica de las exigencias de la diversidad social y política que expresan los pueblos de España.

El federalismo, en definitiva, fortalece simultáneamente la unidad del Estado, la autonomía territorial, la convergencia y el compromiso con la UE, así como la igualdad básica de toda la ciudadanía en sus condiciones de vida. Una igualdad que no se resiente por las diversidades cuya gran riqueza, que es riqueza para todos, se expresa libremente en las diferentes culturas y tradiciones, lenguas, instituciones y otras singularidades y modos de vida de nuestros territorios y sus pueblos.

El 6 de julio de 2013, los socialistas aprobamos la Declaración de Granada sobre “Un nuevo pacto territorial: la España de todos”. En ella ya afirmábamos que el Estado de las Autonomías necesita hoy una profunda revisión y una actualización urgente y defendíamos un Estado de las Autonomías del siglo XXI con una estructura territorial de carácter federal capaz de proporcionar respeto a las identidades diferenciadas dentro de España compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común, solidaridad para reducir las desigualdades territoriales, cooperación efectiva entre las Administraciones, igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos y eficacia en la gestión de los recursos públicos. Fue, y sigue siendo, una base sólida para abordar una reforma que proporcionará resultados beneficiosos para todas las Comunidades.