PUNTOS DE ACCESO A INTERNET

PONENTE: NICOLÁS MATEOS

Cuando analizamos aspectos más concretos de la revolución digital y de su impacto en los ciudadanos es muy habitual señalar que tener acceso a la sociedad de la información consiste en algo más que en tener acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones.

Escoger la tecnología apropiada, que ésta sea accesible desde el punto de vista económico, que las comunicaciones respeten los principios básicos de seguridad y privacidad, todos estos y muchos más son componentes fundamentales de cualquier política que persiga reducir la brecha digital.

Sin embargo, y tal como están demostrando ciudades como Philadelphia, San Francisco u otros símbolos de planteamientos pioneros en lo relacionado con la sociedad de la información, el primer obstáculo que la gente se encuentra para acceder a la sociedad de la información es lo más básico: el acceso.

Cuando la revolución digital se inició a mediados de los 90 en los Estados Unidos, una de las primeras preocupaciones de la administración Clinton fue facilitar el acceso a sus ciudadanos a la red. Las inversiones federales en equipamientos en colegios y centros públicos fue enorme. Los más beneficiados fueron los estudiantes. En los propios centros educativos se ofrecían puntos de acceso, en muchos casos gratuitos, a internet que compaginaban educación con acceso a la red.

En la actualidad, el progresivo desarrollo de la sociedad de la información ha propiciado que los operadores de telecomunicaciones, dentro de un ámbito de economía de libre mercado, ofrezcan a la población la posibilidad de acceder a la red. Además, el precio de los equipos de acceso a internet han dejado de ser prohibitivos para convertirse en bienes de consumo masivo pero en ningún caso primarios para grandes sectores de la población. Según datos recogidos en distintos análisis, el 31% de la población que se acercó a puntos físicos de acceso a internet no tenía ingresos habituales (estudiantes y parados) y casi el 10% eran jubilados con ingresos reducidos en la mayoría de los casos. Es decir, el 40% de la población era susceptible de ser incluida entre aquellos que sufren la brecha digital.

Esto demuestra que si bien el mercado es capaz de satisfacer al 60% de la población usuaria de la red, un elevado porcentaje de la población (alrededor del 40%) parece tener dificultades económicas para afrontar el coste que supone acceder a internet.

Desde este grupo de trabajo queremos recopilar las experiencias y proyectos que se han ido llevando a cabo para acercar la red a aquellos sectores de la población que pueden presentar dificultades económicas cuando se trata de pagar por estar conectados. No es tarea prioritaria de las administraciones competir con los operadores que ya ofrecen servicios de acceso, sino garantizar que el acceso no sea privilegio de unos pocos.

Por todo ello, os animamos a colaborar con nosotros para aprender de los errores y presentar experiencias que ayuden a reducir lo más básico de la brecha digital: la existencia de puntos físicos de acceso a la red al alcance de todos.