Demasiada desconfianza

Artículo de Juan Moscoso del Prado

Después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas la reputación del gobierno sale muy tocada y, lo que es peor, la de todo el país. Sin entrar en la estrategia de fondo elegida por el todavía “nuevo“ ejecutivo desde la investidura –retraso de la presentación del borrador de presupuestos, o su “ideológica” composición optando por caminos que no son ni los más sociales ni los más indicados para garantizar prosperidad y crecimiento futuro-, son las dudas sobre su transparencia y eficacia las que está lastrando la imagen de nuestro país. Dos son las realidades que nadie ha dejado escapar en Bruselas. En primer lugar, nuestros socios europeos nunca han creído al nuevo gobierno en su afirmación de que el anterior engañó sobre las cuentas públicas en 2011. La transmisión de poderes fue leal y transparente en un momento en el que ambas partes sabían perfectamente que no existirían datos definitivos en materia de déficit hasta al menos febrero. Más de un 80% del desvío se ha debido a la caída de ingresos del segundo semestre de 2011 como ha reconocido el FMI, o hasta el 90% según otros estudios. La economía española se paró en el segundo semestre de 2011, como la británica o la de los Países Bajos a las que los ingresos se les desviaron en la misma proporción y sin cambios de gobierno por medio. El mensaje del engaño no coló porque, por ejemplo, en febrero se supo que el déficit de la Comunidad de Madrid en 2011 era 1.000 millones de € superior al que anunció en diciembre como todavía consejero de esa Comunidad el Sr. Beteta días antes de marcharse al Gobierno central como Secretario de Estado de Administraciones Públicas, y nadie dice que el Sr. Beteta se engañara a si mismo. Lo mismo se puede decir del resto de administraciones autonómicas, en su inmensa mayoría gobernadas por el PP y perfectamente conocedoras de lo que estaba sucediendo en esa parte final de 2011. Esa actitud del PP sembrando dudas sobre nuestras cuentas ha hecho mucho daño a la credibilidad de nuestro país en plena crisis de deuda soberana.

Bankia supone la segunda y quizás definitiva mancha en la debilitada credibilidad del gobierno. No sólo por cómo se ha gestionado su crisis en la última semana, la falta de información y la negligencia con la que se permitió durante tres largos días que el miedo y la incertidumbre se propagaran no sólo por los mercados sino entre los ciudadanos españoles y no digamos los clientes de esa entidad, no. Bankia es una entidad que no se puede disociar de la gestión del PP. Sus matrices provienen de la dos Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna desde hace más tiempo. Su dirección hasta el lunes era el resultado de luchas internas entre familias del PP, luchas que hasta hace bien poco intentaron colocar al frente incluso a políticos con perfiles tan “financieros” como Ignacio González. Y para colmo su último presidente ya defenestrado era permanentemente utilizado por la propaganda popular como el artífice del milagro económico de los años de José María Aznar del que hemos hablado otros días. No deja de ser una paradoja que la resaca de aquellos años en los que se sentaron los cimientos y un buen número de plantas de la burbuja inmobiliaria haya acabado con él de esta manera. Los mercados han vuelto a dudar sobre la voluntad real del Gobierno de cambiar las cosas, y va a ser difícil convencerles de lo contrario porque a pesar de las medidas que se adopten a partir de ahora este Gobierno nunca podrá explicar porqué esperó tanto, porqué no hizo nada hasta que el desastre era inminente a pesar de llevar como PP toda la vida en el puente de mando de Bankia.

Al menos, ya se comienza a generalizar el discurso del grave error de fondo que la economía española cometió como país durante el último ciclo, 15 años perdidos de crecimiento entre 1993 y 2008, tanto más donde más énfasis se concedió al ladrillo como por ejemplo Madrid y Valencia. El FMI estima que el PIB español de 2008 no se recuperará hasta el año 2018,, 25 añosa para salir de la espiral destructiva que la especulación inmobiliaria combinada con la crisis financiera internacional, hijas ambas de las desregulación conservadora, han provocado en nuestro país.