Artículo publicado en "El Socialista"

La inversión pública generadora de empleo

Artículo de Inmaculada Rodríguez-Piñero, Secretaria Ejecutiva de Vivienda y Ordenación del Territorio, publicado en "El Socialista"

La crisis financiera internacional, de una intensidad y duración inusitada, está dejando sentir sus efectos duramente en la economía real afectando a todos los países y también, lógicamente al nuestro. En España, esta situación ha coincidido con un ajuste brusco del sector inmobiliario provocando una mayor pérdida de empleos, sin duda, la peor cara de la crisis. Por eso, todas las políticas del Gobierno tienen como prioridad proteger al desempleado, facilitar su recolocación y crear las condiciones adecuadas para impulsar la actividad económica.

En estos momentos se vive un intenso debate sobre el papel del Estado y del sector público en la economía. Es evidente que el modelo neocon, basado en un Estado mínimo y que confía todo en el funcionamiento libre del mercado sin control, ha fracasado. Nosotros, los socialistas, defendemos la economía de mercado como el mejor sistema de asignación de recursos pero siempre hemos defendido la existencia de un Estado fuerte.

Un Estado que mejore el funcionamiento de los mercados, desarrollando un buen Sistema de Defensa de la Competencia, con unos Organismos Reguladores y Supervisores eficaces. Un Estado que genere confianza y expectativas favorables a los agentes económicos para que desarrollen sus inversiones. Un Estado que proporcione unas infraestructuras que cohesionen el territorio y mejoren la competitividad. Un Estado que ofrezca unos servicios públicos eficientes y de calidad. Y un Estado que potencie las políticas de redistribución de la renta, a través del Gasto Público y de la Política Fiscal, con un sistema fiscal suficiente, progresivo y sencillo que facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evite el fraude.

Todos estos principios son los que guían la política económica del gobierno socialista, que tiene como prioridad seguir avanzando en el cambio de modelo productivo hacia uno más sostenible y duradero basado en el conocimiento y menos dependiente del ladrillo, lo que se viene haciendo desde que ganamos las elecciones. Por eso, el gasto productivo se concentra en las inversiones en infraestructuras, en capital tecnológico y en capital humano, con una apuesta ambiciosa por la mejora de la formación en todos los niveles.

Pero la crisis, como decía antes, pone el énfasis en todas aquellas medidas que, sin perder de vista nuestro objetivo a medio y largo plazo, permitan generar empleo a corto plazo. La protección social está asegurada con este Gobierno pero, no cabe duda, que la mejor política es la que permite asegurar el empleo.

Desde esta perspectiva adquiere una especial importancia la inversión pública en infraestructuras y en vivienda, por ser sectores demandantes de empleo que pueden recolocar la mano de obra que expulsa la construcción residencial privada y porque es necesario acelerar la dotación de capital físico de nuestro país y facilitar el acceso a la vivienda en entornos urbanos de calidad.
Según un reciente estudio de SEOPAN, por cada millón de euros invertidos en infraestructuras se crean 28 puestos de trabajos, cifra sensiblemente superior en el caso de la inversión en vivienda, tanto en obra nueva como en rehabilitación, que además tienen un efecto inducido sobre la industria auxiliar.

Por ello, el Gobierno está acelerando al máximo la licitación de obra pública y ha aprobado, desde principios de año, todo un conjunto de medidas en materia de vivienda para estimular la actividad en el sector y paliar los efectos de la crisis. Entre ellas cabe destacar las siguientes

1. La flexibilización de los requisitos para que las viviendas libres de nueva construcción puedan integrarse en el Plan como viviendas protegidas de precio concertado. Esta medida va a permitir dar salida al stock de viviendas, lo que es especialmente relevante en este momento del ciclo y un incentivo a los promotores para que dirijan su actividad a la vivienda protegida.

2. La creación de una nueva línea de crédito del ICO de 3.000 millones de euros para permitir la refinanciación de la deuda de los promotores cuando conviertan la vivienda libre en venta, en vivienda para alquiler durante un plazo determinado.

3. Actuaciones en materia de suelo, como la urbanización de suelo de titularidad pública para vivienda protegida, en compra y en alquiler y la oferta pública de adquisición de suelo por parte del SEPES.

4. Medidas de impulso a la rehabilitación y renovación del patrimonio inmobiliario existente, actividades muy intensivas en mano de obra que mejoran los espacios urbanos permitiendo mejorar la calidad de nuestras ciudades y pueblos.

5. El Plan Renove, que contempla la rehabilitación energética de 500.000 viviendas y edificios a lo largo de la legislatura, dotado con 2.000 millones de euros anuales a través del ICO. Este Plan supondrá una importante contribución a la lucha contra el cambio climático y también ayudará a reducir la factura energética que pagan los hogares. Las estimaciones económicas de este ahorro se cifran en unos 280 euros al año por hogar con un total estimado de 7.000 millones de euros.
 

En fin, medidas que, junto al nuevo Plan de la Vivienda 2009-2012, van a dar solución al problema de acceso a la vivienda desde una perspectiva integral, en compra, en alquiler, con vivienda nueva y rehabilitando la existente, y van a estimular la contratación de nuevos puestos de trabajo.
Con un Gobierno Socialista, los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el frenazo de la economía no va a impedir que sigamos mejorando nuestras infraestructuras y nuestras ciudades, ni vamos a parar los avances sociales en España. En épocas difíciles es cuando los ciudadanos necesitan tener un Gobierno fuerte y solidario que se preocupa por ellos.